Voy a emplear como excusa la parte de propuestas del Gobierno que hablan sobre sectores concretos para intentar ofrecer una visión global de lo que significa una política económica que vaya a por el cambio de modelo productivo. Porque muchas veces parece que se entienda que el Estado va a decidir qué se produce, cómo y cuándo. Y no es esa la cuestión. Tampoco es mucho más compleja, no se vayan a creer.

Comencemos por repasar las medidas de política sectorial que el PSOE pone sobre la mesa, comentándolas una a una:

I+D

Llegar al 2,5% de inversión en I+D sobre el PIB en 5 años. Estupendo: eso significa duplicar el nivel actual (1,35%). La pregunta es: ¿lo vamos a hacer crecer como hasta ahora, o las empresas van a jugar un papel más relevante en todo esto? Quieren que sea así, desde el Gobierno, y proponen pequeñas deducciones fiscales. Pero estamos en las mismas de siempre: vía deducciones o subvenciones, ¿qué estamos provocando? ¿Un impulso real a la I+D, o sostener actividades que en realidad no son sostenibles? Un sistema de innovación no se hace sólo vía este tipo de incentivos, eso seguro. Necesitamos generar sinergias más potentes entre el ámbito público y el privado, estructurar la transferencia de conocimiento de doble vía.

TRANSPORTES

· Impulsar el transporte de mercancías. Esto es, como Senserrich no se cansa de contar a quien quiera escucharle, una buena idea. Y no necesariamente cara.

· En materia de transporte público, postulan la colaboración público-privada para (espero) completar infraestructuras sin hacer carreteras a ninguna parte al estilo Japón para-salir-de-la-recesión.

TURISMO

· Se apuesta por ahondar en la desestacionalización vía turismo de tercera edad. Perfecto. Este sector no hace sino crecer con el envejecimiento de la población, y España debe seguir bien posicionada aquí. Eso sí: siendo consciente de que ya no podrá competir vía costes (Croacia, Marruecos). Sino vía calidad. De esto, no se habla nada. Tampoco se atreven a decir (es normal) que el turismo ha de adelgazar como sector. Pero de eso ya se encargará, esperemos, el mercado.

POLÍTICA INDUSTRIAL

· Subir al 18% el peso industrial. No es demasiado ambicioso, me parece relativamente justo (estamos al 15,5%. Alemania, como ejemplo de potencia industrial occidental y extremadamente exportadora, está al 23%).

· Concretamente, potenciando lo que llaman sectores estratégicos: automoción, aeroespacial, TIC y agroalimentario. De hecho, proponen un plan especial para el sector aeroespacial. En la automoción, se apuesta, como ya sabemos, por el coche eléctrico. A TIC se le dedica muy poco espacio, pero se mencionan cosas tan avanzadas como la realidad aumentada.

· Se habla asímismo de clusters empresariales y las cadenas de valor en los esfuerzos exportadores, lo cual es todo un avance. Hay gente en España haciendo cosas realmente interesantes (y con utilidad real) al respecto.

VALORANDO: POLÍTICA SECTORIAL Y CAMBIO DE MODELO PRODUCTIVO

Con este tipo de medidas hay un problema, que podríamos llamar, por inventarnos un concepto, “perversión de la política industrial”. Para no variar, creo que nadie (no académicamente) lo ha expresado tan claramente como Roger Senserrich: no le gusta la política industrial. Nada de nada. Desde hace tiempo, además (por cierto, en ese último enlace pueden deleitarse con comentarios de mi época de estudiante apasionado). Y tiene razones de peso para que así sea, a saber (entrecomilladas las citas textuales):

· La primera y principal, la madre de todas las demás, es que “no hay ninguna garantía que los políticos sean mejores que los inversores privados decidiendo qué sectores son potencialmente rentables en el futuro”. De hecho, tienen incentivos para ser imperfectos: “Un ministro tiene una prioridad básica, ganar votos. La belleza de la democracia es que gracias a esta preocupación esto asegura que el ministro no haga cosas demasiado extrañas o deshonestas, pero también genera enormes tentaciones publicitarias sin demasiada racionalidad económica”.

· Además, el político, normalmente, no tiene información tan adecuada como el potencial empresario o inversor.

· A diferencia del sector privado, una pifia aquí sería una pifia de toda la economía estatal.

· Puede generar sectores exclusivamente sostenidos por las ayudas públicas: “subvencionar empresas es mantener a un empresario bien surtido, y a un montón de trabajadores perdiendo el tiempo en una empresa inútil”

Y remata con la siguiente frase lapidaria: “¿Qué política industrial es deseable? Aquella que se aparta del medio, hace que invertir sea fácil, y no impone cuellos de botella absurdos a la economía. El estado debe asegurarse que el sistema educativo funciona, los transportes tienen la capacidad adecuada y que el dinero puede encontrar las buenas ideas y descartar las malas.”

El caso es que no le falta razón. Recordemos que cuando hablamos de modelo productivo, hablamos de tres cosas, a grandes rasgos: qué estamos produciendo, cómo lo estamos produciendo, y hasta qué punto esta estructura es capaz de adaptarse a los cambios. Su flexibilidad dinámica. ¿Dónde están las capacidades del sector público?

¿Están en elegir qué se ha de producir, y qué no? Dejemos de lado en esta reflexión la posibilidad de acabar con el sistema democrático capitalista, así como aquellos sectores que el Estado cubre porque nadie más lo hace, imprescindibles para asegurar el bienestar de los ciudadanos. Si nos fiamos de dónde están los incentivos (véase las citadas oposiciones de Senserrich), no parece ser así. Un político, casi por definición, no puede pensar a largo plazo. Además, si, como ya sucedió en la crisis de los 70-80, el Estado falla en su apuesta, lo paga el conjunto de la economía. Y, mientras tanto (también sucedió esto hace 30 años), mantiene sectores artificialmente.

Pero, ¿qué pasa si entra la tecnocracia en juego? Al menos, creo que la Administración tiene la obligación de conocer de la forma más fidedigna y actualizada posible cuáles son las tendencias de oferta y demanda del mercado. Y lo necesita porque así podrá hacer una política más eficaz. El Gobierno demuestra, en el documento que nos ocupa, sensatez y sinrazón a partes iguales. Sensatez porque en un país que básicamente, hace coches, hablar de vehículos eléctricos tiene sentido, como lo tiene también hablar de turismo, nuestra rama de actividad más relevante. Sinrazón porque, en un país que se ha hundido produciendo un excedente de viviendas estúpidamente alto, hablar de VPO de nueva planta carece totalmente de… de todo lo que es bueno y puro. Otros sectores que pone sobre la mesa, como el aeroespacial y el agroalimentario, tienen, cuanto menos, una relevancia estratégica discutible. Y el sacar a colación la realidad aumentada, por ejemplo, suena a ocurrencia de marketing del joven motivado en TIC de turno encargado de participar en la redacción del documento.

Pero hay un posible punto intermedio que también se cita entre las medidas propuestas: la cuestión de los clusters, los sectores emergentes y las agrupaciones nacientes, regionalmente localizadas o no. Constituyen tendencias del mercado localizadas en ciertas ramas que suelen ser consecuencia de la detección de un nicho de mercado a explotar de manera más eficiente a través de la generación de economías de escala. ¿Qué rol debe tomar la Administración respecto a este fenómeno? Primero, y por lo menos, insisto en que ha de conocerlo. No ha de intentar crear, parafraseando a Senserrich, la enésima copia de Silicon Valley. Eso no va a funcionar, porque es artificial. Pero sí puede identificar un proceso emergente de industrias biomédicas en el área metropolitana de Barcelona, por poner un ejemplo, y ayudar a su crecimiento como haría un padre responsable: sin sobrealimentar ni malcriar al hijo, dejando que se haga fuerte por sí solo. Y quien dice industrias biomédicas, dice turismo en Galicia. Aquí hay un equilibrio muy delicado, soy consciente, y que resulta fácil de romper: la tentación es, quizá, demasiado grande. Cabe, pues, delimitar muy claramente las competencias públicas respecto a este tipo de acciones. Pero es imposible no contar con este grado de distorsión, y la alternativa (no hacer absolutamente nada, y dejar que el Estado sea un mero garante de una hipotética eficiencia suprema del mercado) no me atrae, la verdad.

Todo esto nos lleva al segundo punto del modelo productivo, ¿qué puede hacer, si es que puede hacer algo, el sector público para mejorar el “cómo” producimos? Bueno, aquí está el meollo, el grueso de la actividad estatal.

Citando a Citoyen, de aquí:

Algo importante a la hora de hablar de reformas, es entender que los sistemas socioeconómicos no son una suma de políticas concretas las cuáles se pueden modificar de forma intercambiable. Al contrario, suele tratarse de “clusters” es decir, de un conjunto de instituciones que se emparejan las unas con las otras y forman un “equilibrio“. Tener un montón de sectores con baja productividad es algo que se empareja bastante bien con un sistema educativo dónde la gente hace el vago; tener un sistema financiero basado en bancos-en lugar de mercados de capital- funciona bastante bien con un modelo social muy basado en la familia dónde las hipotecas se otorgan al núcleo familiar. Tener un mercado laboral con el despido muy regulado funciona bastante bien con un subsidio de desempleo insuficiente.

Eso se traduce, por cierto, en hacer de la política económica un sistema integrado y coherente. Cosa de la que dista mucho la línea de actuación del presente Gobierno, así como la de su oposición. El Estado, por tanto, puede y debe:

· Mejorar la calidad de la oferta educativa, asegurar su encaje con el mercado. Y, por supuesto, un reciclaje constante por parte de los trabajadores y, sí, empresarios españoles.

· Trabajar en un sistema sanitario público y eficiente que garantice una mayor productividad de la mano de obra (suena a coña, pero es así, al menos en teoría). Lo mismo vale para el resto del Estado de Bienestar: guarderías, transporte público, pensiones y seguridad social en general, etcétera. Soy de la opinión de que un Estado de Bienestar fuerte genera una economía fuerte, porque no puede entenderse un sistema económico que no vaya en consonancia con el sistema social en el que se enmarca. Este es un clásico error en el que no sólo caen los liberales. Es, por ejemplo, el error de ignorar a la juventud.

· Asegurarse de que exista un sistema financiero estable y responsable, no como el que hemos tenido estos últimos años, que realmente cumpla la función que se le supone de minimizar el riesgo y favorecer el crecimiento económico a través de la inversión.

· Crear un marco legal y regulatorio claro, comprensible y estable para que los agentes privados puedan actuar a largo plazo, minimizando la incertidumbre. Lo mismo cabe decir, por supuesto, respecto a la estabilidad monetaria, fiscal, macroeconómica en definitiva.

· Aumentar la presión competitiva en todos los sectores en los que sea posible liberalizar porque no constituyan un servicio básico

· Diseñar un esquema para el mercado de trabajo eficiente, que no segmente, y sea flexible y tenga muy especialmente en cuenta a los jóvenes, por una cuestión que no por manida es menos cierta: son el futuro.

· Velar por la sostenibilidad medioambiental de una forma seria y decidida, no con palabras vacías y multas más bien ridículas, como sucede ahora mismo.

· Mimar los sectores transversales: infraestructuras y equipamientos, transportes, energía, telecomunicaciones, e investigación y desarrollo, son los principales.

Hay más cosas, pero estas son las más relevantes.

Y, por último, ¿cómo se relaciona todo esto con la cuestión de la flexibilidad dinámica? Veamos: si el Estado no está influyendo de forma directa en la decisión de qué producimos, el cambio en este sentido (ejemplo: pasar de criar tomates, a criar limones, porque de repente la demanda de limones ha crecido exponencialmente debido a una falta súbita de vitamina C entre la población) será más rápido, aunque también más traumático. El trabajo del Estado es suavizar el ajuste, protegiendo a aquellos perjudicados y facilitando su recolección en la estructura productiva.

Por otro lado, si la base pública de la economía es firme, y el marco económico que el Estado ha creado es estable, favorece la competitividad y el aumento de la productividad, equilibra la realización personal con la cohesión socioeconómica, desde luego que nuestro modelo productivo estará en mejores condiciones de asumir el cambio que puede suponer una falta súbita de vitamina C entre la población. O un shock de oferta provocado por un incremento exponencial del precio del petróleo, si queremos ponernos dramáticos.

No parece tampoco demasiado difícil, así, visto desde arriba (otra cosa es entrar a diseñar cada mecanismo, claro), pero es que no tiene más. No debemos buscar fórmulas mágicas que fuercen o dirijan la economía hacia lo que nosotros, tecnócratas, o ellos, políticos, pensamos que es la meta ideal de nuestro crecimiento, porque tal cosa no existe. Es, como tantas otras veces, una cuestión de visión sistémica y estratégica, eficiencia e incentivos.