Ahora en seguida hablo sobre los 350.000 empleos que quiere crear el Gobierno en el sector de la construcción de vivienda. Pero antes quiero comentar un punto que me parece especialmente reseñable de su primera propuesta para el pacto contra la crisis (aquí el PDF). Cito:

Reducción de morosidad: establecer de modo progresivo, para las facturas que se emitan a partir de ahora, un plazo de pago máximo de 30 días para los pagos de las Administraciones Públicas y de 60 días para el pago a las PYMES y autónomos por parte de las grandes empresas.

Yo, como cualquiera que lleve una PYME y trabaje para Administraciones Públicas, sé muy bien el problema que puede llegar a suponer el tema de los plazos y los retrasos en los pagos. Especialmente si la Administración te pide la factura con antelación, cosa muy habitual y comprensible. Lo que también es habitual pero no tan comprensible es que el retraso en el pago sea de más de 90 días, con lo que la pequeña empresa soporta un IVA que aún no ha cobrado de manera efectiva pero sí ha facturado. No es una broma: en empresas que trabajan encargos de altas sumas (instalaciones, mantenimiento…) puede significar un problema muy grave, y más de una ha cerrado, total o temporalmente, por ello.

En una época de falta de liquidez y en la que el flujo de dinero se ha ralentizado en las PYMEs, garantizar los pagos por parte de las Administraciones en plazos razonables no es ninguna tontería. No va a salvar la economía, pero es una de esas medidas que ayudan a engrasar y dar oxígeno.

La ley, si no me equivoco, ya dice que el pago no se puede retrasar más de 60 días. 30 días sería una bendición. Ahora falta que el hecho de incluir la medida en el pacto haga que cobre relevancia, y realmente se cumpla.

Esperemos que así sea.