Comencemos por repasar las medidas de política sectorial que el PSOE pone sobre la mesa, comentándolas una a una:

I+D

Llegar al 2,5% de inversión en I+D sobre el PIB en 5 años. Estupendo: eso significa duplicar el nivel actual (1,35%). La pregunta es: ¿lo vamos a hacer crecer como hasta ahora, o las empresas van a jugar un papel más relevante en todo esto? Quieren que sea así, desde el Gobierno, y proponen pequeñas deducciones fiscales. Pero estamos en las mismas de siempre: vía deducciones o subvenciones, ¿qué estamos provocando? ¿Un impulso real a la I+D, o sostener actividades que en realidad no son sostenibles? Un sistema de innovación no se hace sólo vía este tipo de incentivos, eso seguro. Necesitamos generar sinergias más potentes entre el ámbito público y el privado, estructurar la transferencia de conocimiento de doble vía.

TRANSPORTES

· Impulsar el transporte de mercancías. Esto es, como Senserrich no se cansa de contar a quien quiera escucharle, una buena idea. Y no necesariamente cara.

· En materia de transporte público, postulan la colaboración público-privada para (espero) completar infraestructuras sin hacer carreteras a ninguna parte al estilo Japón para-salir-de-la-recesión.

TURISMO

· Se apuesta por ahondar en la desestacionalización vía turismo de tercera edad. Perfecto. Este sector no hace sino crecer con el envejecimiento de la población, y España debe seguir bien posicionada aquí. Eso sí: siendo consciente de que ya no podrá competir vía costes (Croacia, Marruecos). Sino vía calidad. De esto, no se habla nada. Tampoco se atreven a decir (es normal) que el turismo ha de adelgazar como sector. Pero de eso ya se encargará, esperemos, el mercado.

POLÍTICA INDUSTRIAL

· Subir al 18% el peso industrial. No es demasiado ambicioso, me parece relativamente justo (estamos al 15,5%. Alemania, como ejemplo de potencia industrial occidental y extremadamente exportadora, está al 23%).

· Concretamente, potenciando lo que llaman sectores estratégicos: automoción, aeroespacial, TIC y agroalimentario. De hecho, proponen un plan especial para el sector aeroespacial. En la automoción, se apuesta, como ya sabemos, por el coche eléctrico. A TIC se le dedica muy poco espacio, pero se mencionan cosas tan avanzadas como la realidad aumentada.

· Se habla asímismo de clusters empresariales y las cadenas de valor en los esfuerzos exportadores, lo cual es todo un avance. Hay gente en España haciendo cosas realmente interesantes (y con utilidad real) al respecto.

VALORANDO: POLÍTICA SECTORIAL Y CAMBIO DE MODELO PRODUCTIVO

Con este tipo de medidas hay un problema, que podríamos llamar, por inventarnos un concepto, “perversión de la política industrial”. Para no variar, creo que nadie (no académicamente) lo ha expresado tan claramente como Roger Senserrich: no le gusta la política industrial. Nada de nada. Desde hace tiempo, además (por cierto, en ese último enlace pueden deleitarse con comentarios de mi época de estudiante apasionado). Y tiene razones de peso para que así sea, a saber (entrecomilladas las citas textuales):

· La primera y principal, la madre de todas las demás, es que “no hay ninguna garantía que los políticos sean mejores que los inversores privados decidiendo qué sectores son potencialmente rentables en el futuro”. De hecho, tienen incentivos para ser imperfectos: “Un ministro tiene una prioridad básica, ganar votos. La belleza de la democracia es que gracias a esta preocupación esto asegura que el ministro no haga cosas demasiado extrañas o deshonestas, pero también genera enormes tentaciones publicitarias sin demasiada racionalidad económica”.

· Además, el político, normalmente, no tiene información tan adecuada como el potencial empresario o inversor.

· A diferencia del sector privado, una pifia aquí sería una pifia de toda la economía estatal.

· Puede generar sectores exclusivamente sostenidos por las ayudas públicas: “subvencionar empresas es mantener a un empresario bien surtido, y a un montón de trabajadores perdiendo el tiempo en una empresa inútil”

Y remata con la siguiente frase lapidaria: “¿Qué política industrial es deseable? Aquella que se aparta del medio, hace que invertir sea fácil, y no impone cuellos de botella absurdos a la economía. El estado debe asegurarse que el sistema educativo funciona, los transportes tienen la capacidad adecuada y que el dinero puede encontrar las buenas ideas y descartar las malas.”

El caso es que no le falta razón. Recordemos que cuando hablamos de modelo productivo, hablamos de tres cosas, a grandes rasgos: qué estamos produciendo, cómo lo estamos produciendo, y hasta qué punto esta estructura es capaz de adaptarse a los cambios. Su flexibilidad dinámica. ¿Dónde están las capacidades del sector público?

¿Están en elegir qué se ha de producir, y qué no? Dejemos de lado en esta reflexión la posibilidad de acabar con el sistema democrático capitalista, así como aquellos sectores que el Estado cubre porque nadie más lo hace, imprescindibles para asegurar el bienestar de los ciudadanos. Si nos fiamos de dónde están los incentivos (véase las citadas oposiciones de Senserrich), no parece ser así. Un político, casi por definición, no puede pensar a largo plazo. Además, si, como ya sucedió en la crisis de los 70-80, el Estado falla en su apuesta, lo paga el conjunto de la economía. Y, mientras tanto (también sucedió esto hace 30 años), mantiene sectores artificialmente.

Pero, ¿qué pasa si entra la tecnocracia en juego? Al menos, creo que la Administración tiene la obligación de conocer de la forma más fidedigna y actualizada posible cuáles son las tendencias de oferta y demanda del mercado. Y lo necesita porque así podrá hacer una política más eficaz. El Gobierno demuestra, en el documento que nos ocupa, sensatez y sinrazón a partes iguales. Sensatez porque en un país que básicamente, hace coches, hablar de vehículos eléctricos tiene sentido, como lo tiene también hablar de turismo, nuestra rama de actividad más relevante. Sinrazón porque, en un país que se ha hundido produciendo un excedente de viviendas estúpidamente alto, hablar de VPO de nueva planta carece totalmente de… de todo lo que es bueno y puro. Otros sectores que pone sobre la mesa, como el aeroespacial y el agroalimentario, tienen, cuanto menos, una relevancia estratégica discutible. Y el sacar a colación la realidad aumentada, por ejemplo, suena a ocurrencia de marketing del joven motivado en TIC de turno encargado de participar en la redacción del documento.

Pero hay un posible punto intermedio que también se cita entre las medidas propuestas: la cuestión de los clusters, los sectores emergentes y las agrupaciones nacientes, regionalmente localizadas o no. Constituyen tendencias del mercado localizadas en ciertas ramas que suelen ser consecuencia de la detección de un nicho de mercado a explotar de manera más eficiente a través de la generación de economías de escala. ¿Qué rol debe tomar la Administración respecto a este fenómeno? Primero, y por lo menos, insisto en que ha de conocerlo. No ha de intentar crear, parafraseando a Senserrich, la enésima copia de Silicon Valley. Eso no va a funcionar, porque es artificial. Pero sí puede identificar un proceso emergente de industrias biomédicas en el área metropolitana de Barcelona, por poner un ejemplo, y ayudar a su crecimiento como haría un padre responsable: sin sobrealimentar ni malcriar al hijo, dejando que se haga fuerte por sí solo. Y quien dice industrias biomédicas, dice turismo en Galicia. Aquí hay un equilibrio muy delicado, soy consciente, y que resulta fácil de romper: la tentación es, quizá, demasiado grande. Cabe, pues, delimitar muy claramente las competencias públicas respecto a este tipo de acciones. Pero es imposible no contar con este grado de distorsión, y la alternativa (no hacer absolutamente nada, y dejar que el Estado sea un mero garante de una hipotética eficiencia suprema del mercado) no me atrae, la verdad.

Todo esto nos lleva al segundo punto del modelo productivo, ¿qué puede hacer, si es que puede hacer algo, el sector público para mejorar el “cómo” producimos? Bueno, aquí está el meollo, el grueso de la actividad estatal.

Citando a Citoyen, de aquí:

Algo importante a la hora de hablar de reformas, es entender que los sistemas socioeconómicos no son una suma de políticas concretas las cuáles se pueden modificar de forma intercambiable. Al contrario, suele tratarse de “clusters” es decir, de un conjunto de instituciones que se emparejan las unas con las otras y forman un “equilibrio“. Tener un montón de sectores con baja productividad es algo que se empareja bastante bien con un sistema educativo dónde la gente hace el vago; tener un sistema financiero basado en bancos-en lugar de mercados de capital- funciona bastante bien con un modelo social muy basado en la familia dónde las hipotecas se otorgan al núcleo familiar. Tener un mercado laboral con el despido muy regulado funciona bastante bien con un subsidio de desempleo insuficiente.

Eso se traduce, por cierto, en hacer de la política económica un sistema integrado y coherente. Cosa de la que dista mucho la línea de actuación del presente Gobierno, así como la de su oposición. El Estado, por tanto, puede y debe:

· Mejorar la calidad de la oferta educativa, asegurar su encaje con el mercado. Y, por supuesto, un reciclaje constante por parte de los trabajadores y, sí, empresarios españoles.

· Trabajar en un sistema sanitario público y eficiente que garantice una mayor productividad de la mano de obra (suena a coña, pero es así, al menos en teoría). Lo mismo vale para el resto del Estado de Bienestar: guarderías, transporte público, pensiones y seguridad social en general, etcétera. Soy de la opinión de que un Estado de Bienestar fuerte genera una economía fuerte, porque no puede entenderse un sistema económico que no vaya en consonancia con el sistema social en el que se enmarca. Este es un clásico error en el que no sólo caen los liberales. Es, por ejemplo, el error de ignorar a la juventud.

· Asegurarse de que exista un sistema financiero estable y responsable, no como el que hemos tenido estos últimos años, que realmente cumpla la función que se le supone de minimizar el riesgo y favorecer el crecimiento económico a través de la inversión.

· Crear un marco legal y regulatorio claro, comprensible y estable para que los agentes privados puedan actuar a largo plazo, minimizando la incertidumbre. Lo mismo cabe decir, por supuesto, respecto a la estabilidad monetaria, fiscal, macroeconómica en definitiva.

· Aumentar la presión competitiva en todos los sectores en los que sea posible liberalizar porque no constituyan un servicio básico

· Diseñar un esquema para el mercado de trabajo eficiente, que no segmente, y sea flexible y tenga muy especialmente en cuenta a los jóvenes, por una cuestión que no por manida es menos cierta: son el futuro.

· Velar por la sostenibilidad medioambiental de una forma seria y decidida, no con palabras vacías y multas más bien ridículas, como sucede ahora mismo.

· Mimar los sectores transversales: infraestructuras y equipamientos, transportes, energía, telecomunicaciones, e investigación y desarrollo, son los principales.

Hay más cosas, pero estas son las más relevantes.

Y, por último, ¿cómo se relaciona todo esto con la cuestión de la flexibilidad dinámica? Veamos: si el Estado no está influyendo de forma directa en la decisión de qué producimos, el cambio en este sentido (ejemplo: pasar de criar tomates, a criar limones, porque de repente la demanda de limones ha crecido exponencialmente debido a una falta súbita de vitamina C entre la población) será más rápido, aunque también más traumático. El trabajo del Estado es suavizar el ajuste, protegiendo a aquellos perjudicados y facilitando su recolección en la estructura productiva.

Por otro lado, si la base pública de la economía es firme, y el marco económico que el Estado ha creado es estable, favorece la competitividad y el aumento de la productividad, equilibra la realización personal con la cohesión socioeconómica, desde luego que nuestro modelo productivo estará en mejores condiciones de asumir el cambio que puede suponer una falta súbita de vitamina C entre la población. O un shock de oferta provocado por un incremento exponencial del precio del petróleo, si queremos ponernos dramáticos.

No parece tampoco demasiado difícil, así, visto desde arriba (otra cosa es entrar a diseñar cada mecanismo, claro), pero es que no tiene más. No debemos buscar fórmulas mágicas que fuercen o dirijan la economía hacia lo que nosotros, tecnócratas, o ellos, políticos, pensamos que es la meta ideal de nuestro crecimiento, porque tal cosa no existe. Es, como tantas otras veces, una cuestión de visión sistémica y estratégica, eficiencia e incentivos.

Analizada la corta pero concisa propuesta del Partido Popular, y ahora que parece que el pacto está más lejos que cerca, vamos a ver qué pone sobre la mesa el Gobierno. Esta serie de medidas, hemos de entender que se tomarán haya pacto o no, pues para eso están en el poder. Por eso es relevante analizarlas: porque constituyen lo más parecido a una hoja de ruta en política económica de esta Administración que tenemos hoy por hoy a mano.

Pues lo que pone sobre la mesa es, durante sus 11 páginas iniciales, un brindis al sol. A partir de la 12 comienza lo jugoso. Las primeras propuestas, sobre vivienda, ya fueron comentadas aquí. También la de reducción de la morosidad. A partir de ahí, se desarrollan (aunque no divididas explícitamente) dos tipos de propuestas: horizontales o transversales, y sectoriales. Esta división es más importante de lo que pueda parecer. En la propuesta del PP no hay ninguna propuesta sectorial, quitando Energía e I+D, que también son, en gran parte, horizontales. He aquí una diferencia, si no fundamental, sí muy relevante en las políticas de ambos partidos. No, PP y PSOE no son lo mismo en política económica, a pesar de que ambos se avengan a jugar según las mismas reglas (capitalismo). Aquí, primero comentaré las propuestas socialistas no sectorializadas. Las otras deberán quedar para una entrada posterior, donde hablaremos de la conveniencia o no de una política industrial/sectorial.

Vamos allá.

FINANZAS

Básicamente, se proponen dos líneas de actuación:

· Reducir la morosidad de las Administraciones Públicas y las empresas privadas. Todo lo que se haga en esta dirección, insisto, será poco.

· Utilizar el ICO y las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) para garantizar la financiación a aquellas PYMEs que sean solventes pero no tengan acceso a crédito por la sequía del mercado financiero. Sinceramente, no sé si el problema del sector financiero es que no tiene líquido, o que ahora mismo no ve incentivos en las opciones que tiene para arriesgar; es decir: expectativas y confianza. En cualquier caso, no cumple su función básica de dispersor del riesgo y motor económico. ¿Ha de pasar el Estado a suplantarle? Por el bien de todos, si lo hace que sea sólo un parche limitado y temporal. El sector privado no debe acostumbrarse a ser financiado por el público en su mayor parte

REGULACIÓN Y COMPETENCIA

· Simplificación administrativa (perfecto, necesaria) y mejorar la regulación (lo mismo, y están de acuerdo con el PP). Estaría bien que se planteasen formas innovadoras de regulación, incorporando a los diseños institucionales la participación de científicos sociales especialistas en incentivos, que, francamente, no sé cómo de implantada se encuentra esta costumbre en nuestro país. Quizá es demasiado pedir.

FISCALIDAD Y GASTO PÚBLICO

· El objetivo es el que era, y está claro: tener un déficit público medio del 3% en 2013.

- Reduciendo altos cargos en la Administración. Antes que reducir, o a la par que, preferiría despolitizarlos.

- Controlando y “racionalizando” el Sector Público Empresarial. Otra cosa más en la que coinciden con el PP, sin especificar dónde cortar y cómo.

- Reduciendo el capítulo de personal en 4 puntos en todas las Administraciones Públicas. Como no soy un experto en Hacienda Pública, no soy capaz de evaluar la conveniencia de esta medida. Pero, desde lejos, no me parece mal.

- Comprometiéndose a que toda nueva acción sea neutral en términos presupuestarios. Dudo que sean capaces de cumplir tal cosa.

INTERNACIONALIZACIÓN

Se considera, acertadamente, que la base exportadora española es demasiado débil. Por tanto, se proponen una serie de medidas para apoyar la internacionalización de las empresas españolas. Sinceramente, este área no es mi fuerte, así que no me voy a extender demasiado. Sólo reseñar que se tratan de refuerzos a políticas que hoy por hoy ya existen. Y probablemente no haya mucho más que hacer: un Gobierno ni puede ni debe sostener de manera artificial el proceso de internacionalización y exportaciones de sus empresas, porque si no, probablemente, se generará una estructura débil que fallará cuando falte el apoyo público (y este acabará faltando, en mayor o menor medida, no lo duden: nada es para siempre).

VALORANDO

Bien, he aquí la primera parte de la propuesta del Gobierno. Dejando de lado cuestiones que considero menores, comprende un paquete de medidas transversales destinadas a mejorar la eficiencia de nuestra economía. Poco más se puede añadir. Como sucede con la propuesta del Partido Popular, las medidas no están mal, en general, pero resultan insuficientes. Por ejemplo, seguimos sin tocar seriamente el mercado laboral. Y no digamos hablar de educación y formación en relación con este último, y con nuestro modelo económico. Teóricamente, hay una reforma educativa y otra laboral en marcha, pero no sé hasta qué punto estos dos procesos de reforma está relacionada en la cabeza de los políticos con la crisis económica y el cambio de modelo productivo. Lo están, en cierto grado, pero tras echarle un ojo a los documentos de PP y PSOE, así como el escaso empeño que se pone en trabajar en estos dos frentes, probablemente no es suficiente. Tampoco se profundiza realmente en liberalizar el mercado de productos. Ni en una reforma en firme del sistema financiero, ya que, según la cantinela general, el español es el mejor y más sólido del mundo. Ni en muchas otras cosas.

Sin embargo, sí han pensado en política sectorial. Y esto, unido a las carencias mencionadas, constituye un nada desdeñable problema de disfuncionalidad dentro de la propuesta de política económica del Gobierno. Porque se está hablando de trabajar profundamente la parte de “qué se produce en España” del modelo productivo, sin abordar correctamente el “cómo se produce“, ni la base de apoyo que existe a esta producción.

Pero de eso, como decía al principio, hablaremos mañana.

IMPUESTOS

· Acabar con las propuestas de subida de IVA e IRPF es su principal aportación. De hecho, plantean no subir ningún impuesto, bajo ningún concepto. En esto, mi postura con el PP es probablemente irreconciliable, ya que considero que nuestra presión fiscal es bastante modesta (sería más modesta si fuésemos capaces de ser más productivos, es cierto). No lo veo, en todo caso, como un punto clave para la recuperación económica.

· Establecer el tipo de IVA superreducido para el “turismo”. Hablar de turismo siempre tiene la dificultad añadida de delimitar el sector al que nos referimos. Pero supongamos que son capaces de tal hazaña, declarando que, como ahora, el 10% de nuestro PIB es turismo (que, en realidad, suma hostelería, transporte de pasajeros…). Estas ramas actualmente tienen un IVA del 7%. Bajar 3 puntos supondría un aumento de competitividad tan irrisorio que el gasto no merece la pena. Además, cualquier descenso de impuestos no implica necesariamente un descenso equivalente de precio en el producto final, como no lo hace tampoco un aumento: eso es algo que a uno le enseñan en la asignatura de economía de Bachillerato.

· Cambio de régimen de IVA, de devengo a caja: es decir, si lo he entendido bien, las empresas declararían el IVA no cuando lo facturan, sino cuando lo cobran realmente (véase este apunte sobre el problema del IVA y las PYMEs). Sería muy bonito y útil, si no fuese por la cantidad de fraude que generaría.

· Bajar el Impuesto de Sociedades en un 5% (al 25%), y dos puntos la cotización a la Seguridad Social. Lo segundo me parece en todo punto innecesario, porque las arcas sociales no están como para tocarlas demasiado, y no creo que incentivase la contratación. Respecto al descenso de 5 puntos en Sociedades, el 30% (nivel actual, que se convierte en 25% para los primeros 100.000€ de beneficios, que es donde se encuentran todas las PYMEs) sería la parte del león si no fuese porque en las pequeñas empresas los beneficios se suelen repartir a través de sueldos, precisamente para evitar pagar tantos impuestos. Y en las grandes, bueno, existen vías, entre otras, las SICAV. Si se rebaja al 20%, la propensión de las grandes a buscar vías creativas va a ser la misma. Con las pequeñas habría que hacer un pequeño modelo de simulación, para ver si tal rebaja supone una nivelación entre lo que se “pasa” por sueldos (y por tanto cotiza a través de IRPF) y lo que pasaría por Sociedades, comprobar cómo afecta a las arcas públicas y a los pequeños empresarios. Si me pongo en mi situación personal, yo, francamente, seguiría pasándolo vía sueldos hasta que el % a tributar por IRPF superase al de Sociedades (lo cual son bastantes ingresos). Dicho de otra forma: si tocas Sociedades, toca también IRPF, al menos para no asalariados.

GASTO PÚBLICO

· Propuesta detallada de reducción de gasto. Si esta reducción de gasto viene dada por un aumento de la eficiencia de la Administración, estoy plenamente de acuerdo. En este sentido, el aclarar la cuestión de las competencias para evitar solapamientos con el consiguiente doble gasto, que es otra de sus propuestas, me parece fundamental. Lo que pasa es que esto significaría entrar en los distintos recintos de las competencias no ya del “Estado de las Autonomías”, sino también de las Diputaciones (ese ente administrativo tan poco claro) y los municipios (los marginados de todo esto). La reforma administrativa que necesitamos es, a mi modo de ver, de calado, y no se resuelve sólo limitando solapamientos. Pero quizá sea mejor dejarla para algo más adelante.

· Incluir en la Ley de Estabilidad Presupuestaria el requerimiento de que el Estado cuadre siempre cuentas en superávit. El objetivo de reducir el déficit al 3% en 3 años (2013) no les parece suficiente. Francamente, no sé qué esperan, entonces. Bueno, sí, porque lo especifican: quieren desarrollar un recorte del gasto de 10.000 millones de €, encaminado, por supuesto, a reducir el déficit, a través de las siguientes medidas:

- Cortar el grifo a las empresas públicas y a organismos y entidades en el exterior (¿por qué? ¿cómo? ¿a cuáles?)
- Acabar con el Ministerio de Igualdad (ahorro moderado: buena parte de sus programas los pasaría a gestionar Bienestar Social)
- Acabar con la Vicepresidencia Tercera (ahorro irrisorio)

Con estas tres medidas, obviamente, no se alcanza una reducción espectacular. Cualquier reestructuración que vaya en la dirección de la eficiencia de la administración pública, como hacíamos referencia en el punto anterior, lleva más de 3 años (si queremos sacar semejante cantidad de dinero de ahí, claro). Y no veo de dónde más podríamos ahorrar sin tocar gasto público que, personalmente, considero fundamental. Porque, la verdad, no somos Grecia.

FINANZAS

· Consideran que hay emisiones masivas de deuda pública produciendo un efecto de crowding-out con las PYMEs. Bueno, ahora va a resultar que el problema de las entidades financieras es culpa de los Estados. Obviamente, no tengo delante un análisis económico que confirme o desmienta este punto, pero me parece cuanto menos una afirmación arriesgada.

· Es curioso, por cierto, que pidan que se garantice la profesionalidad en el gobierno de las Cajas después de la que se ha liado en Caja Madrid. Pero, en fin, de acuerdo con ello.

EMPLEO

· Proponen un “nuevo contrato indefinido” sin especificar de qué tipo, y que, por tanto, no podemos saber qué efecto o sentido tendría.

· Hablan de flexibilizar la negociación colectiva, ligándola a la productividad. Sinceramente, un mercado de trabajo dualizado, hipersegmentado y destrozado merece un cambio de base de la negociación colectiva, creo. Esta idea no está mal, pero se queda corta, además de que la palabra “flexibilización” en boca del PP normalmente quiere decir “desregulación” y “liberalización” (a hechos pasados me remito, como ellos, que recuerdan con nostalgia benigna las reformas de 1996-2000, que tienen, por cierto, buena parte de culpa de la situación actual del mercado de trabajo). De todas formas, no sé lo suficiente sobre sindicatos, eso se lo dejo a otros, pero desde lejos intuyo que se están quedando atrás al dejar fuera de su paraguas a cada vez más porcentaje del conjunto de los trabajadores. La duda, insisto, es si el enfoque neoliberal del PP es el que hace falta para esta puesta al día. Lo dudo mucho.

· Incluyen, por último, la ya comentada mejora del sistema de formación profesional intentando hacer que sea flexible y dinámico, adaptado al mercado. Como entonces, insisto: es de cajón.

MERCADO Y COMPETENCIA

· En esto, están bastante de acuerdo los grandes partidos: garantizar la libre competencia, hacer funcionar los organismos reguladores de forma transparente, independiente y eficaz, etcétera. Poco que discutir.

MOROSIDAD Y FINANCIACIÓN

· Aquí, la idea de mayor calado es convertir el FEyS (Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad) en una línea de crédito ICO “para financiar el pago a las PYMES y autónomos acreedores a las Corporaciones locales de los atrasos”. Bien, no soy del todo imparcial, porque, como a toda buena pequeña empresa que trabaja en el ámbito público, a la nuestra también le cuesta varias llamadas a la semana el que la Administración pague en un plazo razonable. Sin embargo, me parece que es juntar churras con merinas. No sé cuál es la cifra de impagos actual, imagino que creciente, y lo que ha de conseguirse es una solución permanente, no un parche para cubrir impagos. Desde luego, el FEyS no me pareció, ni me parece, la forma más adecuada de gastar ese dinero. Pero tampoco esta propuesta se me antoja más que un parche.

· En esta misma línea, proponen una reforma de las Leyes que afectan a la contratación pública de entidades privadas para evitar los impagos. Totalmente de acuerdo con esto, cosa que el Gobierno también propone, por cierto. En todo caso, me pregunto si esto se va a solucionar con leyes. Me temo que el círculo vicioso en el que ha caído la relación de la empresa proveedora con la Adminstración demandante no se soluciona con una breve reforma legal. Se trata de un problema de incentivos perversos y contabilidades aplazadas y cuadradas “por detrás” que necesita una Comisión de expertos dedicada en exclusiva para resolverlo.

INVESTIGACIÓN

· En general, las medidas respecto a I+D son brindis al sol: se basan en la necesidad de crear un Plan Nacional de I+D+i. Que ya existe. Otra cosa es lo bueno o malo que sea, de lo que el PP nada dice.

· Respecto a su afirmación de que hace falta proporcionar un marco fiscal atractivo para estas actividades y su “mecenazgo”, me gustaría saber por voz de su experto en qué es inadecuado ahora este marco legal, y cómo modificándolo podríamos incentivar la inversión en innovación de la empresa privada, que es la que más tiene que crecer. Uno puede aumentar ad aeternum las deducciones fiscales a la I+D, que así, probablemente, lo único que conseguirá será que las empresas se aprovechen de las mismas hasta que se cierre el grifo, con dudoso remanente de investigación en cada organización. En otras palabras: es considerable, pero ni de lejos suficiente.

· Ya acabando, hablan de un “Programa de captación del talento emprendedor extranjero”, lo cual me parece paradójico, ya que realmente debemos evitar es que el talento que nace y crece en España no se vaya de aquí (no quieran ver los datos de fugas de cerebros y sus razones, porque existen, y asustan, ya se lo digo). Por supuesto, el talento extranjero es bienvenido, pero no tenemos por qué hacer un plan para “captarlo”.

EN CONCLUSIÓN

Las medidas del PP son variadas y con un grado de concreción irregular: algunas resultan muy específicas, otras son puros lugares comunes. Pero la sensación final es de conjunto deslabazado. No constituyen un sistema integrado y coordinado, más allá de su punto de unión en torno a la ideología liberal. No veo que este paquete vaya a sacarnos de la crisis. No veo creación de empleo, en definitiva, ni crecimiento económico en base a la productividad (de productividad y competitividad, por cierto, hablan en un punto totalmente vacío, de pasada, y ya).

Lo que no quiere decir que muchas de sus propuestas vengan bien y sean aceptables. Pero lo que Cristóbal Montoro dijo de la propuesta del Gobierno puede ser aplicado a la suya: ¿está bien eso de más eficiencia de la Administración Pública, de reducir el IVA del turismo, o de garantizar la libre competencia? Pues bueno, pues mal no está. ¿Vamos a salir de la crisis con eso? Pues probablemente no. La que más me gusta es, como ya comenté en su momento, la de la Formación Profesional, así como las más obvias, de eficiencia de las Administraciones y racionalización de la estructura competencial. Las que menos, las relativas a impuestos, que además me parecen incompatibles con su anhelo por reducir el déficit a ritmos vertiginosos.

¿Y qué hay de las propuestas del PSOE? ¿Saldríamos con ellas? Eso lo veremos en el siguiente capítulo.

Durante todo el paseo, Zapatero ha insistido en la necesidad de un consenso en torno al crecimiento y la creación de empleo, tanto a corto como a largo plazo (”cambio de modelo productivo”). Varias veces. El concepto “proceso de diálogo” es casi el que más ha empleado. De hecho, ha gastado considerablemente más tiempo en hablar del pasado que del futuro.

Sobre este último, apenas ha destacado es la de facilitar los créditos del ICO a las PYMEs con viabilidad, probablemente su medida más “votable”. Asimismo, ha hablado de rehabilitación y de ahorro energético. Las VPO no han salido a relucir.

En un momento dado, Pepa Bueno ha puesto sobre la mesa de la cuestión de la claridad y la coherencia en las medidas del Gobierno, de forma bastante crítica. Zapatero ha intentado dar coherencia a la actuación del Gobierno sin contestar directamente, hablando de dos fases en la misma (paliar primero, mejorar después), y volviendo a su discurso centrado en el pasado. Excusándose, además, diciendo que el Gobierno llega adonde llega. Pepa Bueno ha vuelto a poner la cuestión sobre la mesa al considerar que no le había respondido a la pregunta. Y Zapatero ha desviado la cuestión aprovechando que ella ha citado como ejemplo la falta de confianza de los mercados internacionales, centrándose en ello y volviendo al discurso de que España no es un problema.

Ana Blanco le ha hecho la que para mí ha sido la mejor pregunta, hacia el final del paseo: los jóvenes y el paro. Pero Zapatero se ha salido por la tangente: le ha echado la culpa a la construcción, destacando todos aquellos jóvenes que se fueron a ese sector de cabeza y sin estudios. Para ellos, afirma, debe ir toda la atención de los pactos sociales. Con esto hay dos problemas: primero, aunque es cierto que el paro es mayor a menor es el nivel de estudios, también lo es a menor es la edad considerada, en todos los niveles de formación. Así que el problema no tiene una segmentación única, de formación, sino (y me atrevería a añadir: sobre todo) generacional.

En resumen, ha sido una más de las entrevistas de este Presidente que tiene por costumbre no contestar de manera clara, inconfundible y directa a las preguntas que se le plantean en cualquier cara a cara. Más centrada en el pasado que en el futuro. Pero lo peor de todo es que en la última propuesta del Gobierno con medidas para afrontar la crisis sí existen propuestas con cierto nivel y enjundia. No todas, pero representa un avance. No entiendo, no soy capaz de comprender, por qué el Presidente no las ha sacado a relucir en una entrevista que llevaba por título “Cómo saldremos de la crisis”.

Este capítulo, y su frase, es de hace unos 7 años. Ahora, francamente, no es que cada vez empiece antes. Es que ni siquiera suele entreverse el principio y el fin. Lo vemos todos los días con el Partido Popular, sin ir más lejos. Respecto al Gobierno, hace un par de meses, Albert Medrán ya escribía una entrada sobre los sucesores de Zapatero, haciendo un somero repaso de nombres. Menciona a De La Vega, y sobre todo a Chacón y a Rubalcaba. Yo, además de coincidir con Albert, llevo desde entonces rumiando otro nombre: José Blanco. Quien, desde que es Ministro de Fomento, está haciendo las veces de hombre de Estado serio y duro. Además, se está convirtiendo un poco en la voz del Gobierno. Es posible interpretar que se trata de una mera sustitución de De La Vega y que ella va a ser el delfín. Pero, cómo explicarlo… veo ambición en su actitud. Es una mera sensación, probablemente errónea, y de seguro demasiado temprana. Pero ahí está.

En realidad, lo relevante no es quién, sino el hecho de que las campañas, tanto internas como externas, se difuminan cada vez más con los periodos ejecutivos. Sobre todo, aunque no sólo dentro de un grupo de ciudadanos interesados, activos y más conectados a los vaivenes políticos que la media. No podemos obviar el papel que internet tiene en este proceso, sobre todo tal y como se entiende y se usa en España: como un instrumento de politics.

Lo que a mí me preocupa de este proceso es (sí, una de mis manías) el divorcio entre politics, comunicación y policies. Gobernar, y la política 2.0, no es sólo un estiramiento de la campaña. Es lógico, natural e incluso bueno que se estire, pues, teóricamente, aumenta la “vigilancia” del ciudadano sobre los actos políticos, y la relación que existe entre ambos se hace más continua y rutinaria. Lo que no ha de hacer es dominarla.

No es quién lo explica, es lo que haces. Si Blanco (y ahora le estoy usando sólo como ejemplo hipotético) realmente pretende posicionarse para 2012, debe hacer más cosas como el Decreto sobre los controladores aéreos, y menos comentarios sobre Garzón. Es lo primero lo que le pone en valor, más que lo segundo.

Para acabar, si alguien está interesado en seguir leyendo sobre política 2.0 respecto a cómo y para qué se usa, ahí van cuatro buenas entradas de Edgar Rovira (en catalán, aviso):

· Classificant la política 2.0 como introducción.

· Open Government, qüestió d’actitud a modo de posicionamiento.

· Mobilització local: IgualadaNeta y Dos projectes interessants: Ziudad i ArreglaMiCalle recabando ejemplos de conexión entre comunicación, 2.0, politics y policies.

Porque la pregunta a la que tenemos que responder es qué queremos que sea este país. En qué liga queremos jugar.

Si no me equivoco, lo han sacado de Richard Florida, cuya parte de gurú deja que desear, pero aún así sabe bastante sobre ciudades y regiones. Personalmente, creo que falta más de Asia en esta clasificación, especialmente China. Pero bueno, si alguien quiere saber más sobre mega-regiones, puede echar un vistazo a este librito de Princeton, con la colaboración del inigualable Glaeser.

Pongo un extracto del principio del artículo, para abrir boca:

Imagine for a moment that one were looking at the economics profession in England in 1890. One would say that Alfred Marshall with his blend of historical and analytical economics was the economics of the future; Walras’s and Edgeworth’s more mathematical approach would be considered minor players. Now fast forward to the 1930s—Marshall is seen as a minor player, while Walras’s and Edgeworth’s mathematical approach has become the foundation for Samuelson’s cutting edge economics. Now imagine economics in 2050. Much of what is currently done in economics will not be cited or even considered. Some parts of economics, which today are considered minor, will be seen as the forerunners of what economics will become.

· Reducción del IVA hasta el 8% para la rehabilitación.

· Deducción del 10% en el IRPF.

· Reformas en 2.000 edificios públicos (Plan 2000 ESE) para obtener un ahorro energético del 20%.

· Facilitar la financiación del ICO a promotores y empresas que se dediquen a la VPO.

Nada que decir sobre las tres primeras medidas: tiempo hace que reivindico un impulso a la rehabilitación. Pero claro, esto sólo tiene lógica como alternativa, como método para (si se me permite el símil financiero) diversificar el portfolio de activos que tenemos metidas en la vivienda nueva, a todas luces excesiva. ¿Qué sentido tiene poner una cosa sobre la mesa, si acto seguido se propone seguir metiendo liquidez para la construcción de VPO?

Esta construcción es prácticamente innecesaria en todas partes, dada la cantidad de recursos disponibles. Además, el modelo de VPO que existía y sigue existiendo en España desde los tiempos de Franco (no exagero, bueno, sólo un poco) está agotado y no tiene sentido socialmente hablando. Sobre esto último me extenderé en otro momento. Ahora, centrémonos en los 350.000 empleos.

El primer trimestre de 2008, la EPA daba 294.100 parados provenientes de la construcción. El cuatro trimestre de 2009, casi dos años después, la cifra había ascendido a 614.000: un ascenso de 319.900. La EPA no da datos entre 2005 y 2007 (bueno, igual en microdatos, pero no tengo tiempo), pero estimo que desde principios de 2007, el saldo de parados en la construcción ha sido precisamente de esos 350.000, más o menos. Eso es casi tanto como decir que el Gobierno quiere dejar las cosas más o menos como estaban.

Y además quiere hacerlo tirando no sólo de rehabilitación, sino también de construcción de nueva promoción. En VPO, vale, pero da igual, es nueva construcción, al fin y al cabo.

El primer trimestre de 2008 teníamos a 2.964.400 personas activas en el sector. Dos años más tarde, la cifra está en torno a los 2.417.000. Medio millón menos. El porcentaje de ocupados en el sector de la construcción sobre el total ha pasado del 13,1% al 9,7%. Aún nos queda un ajuste de un par de años más hasta llegar al 7,8%, que es la media de la UE27, un valor más o menos razonable. ¿Y queremos subir en 350.000 esa cifra? Eso sería, prácticamente, subir a un 11% o 12% de empleados en la construcción. Aún suponiendo que un milagro económico aumentase el resto de empleos en una proporción similar o mayor, seguiríamos en un 9-10%.

De acuerdo. Detrás de todos y cada uno de esos 614.000 parados hay un nombre, unos apellidos y una familia. ¿Pero esta es la mejor manera de ayudarlos?

Necesitamos más imaginación en la política pública.

Reducción de morosidad: establecer de modo progresivo, para las facturas que se emitan a partir de ahora, un plazo de pago máximo de 30 días para los pagos de las Administraciones Públicas y de 60 días para el pago a las PYMES y autónomos por parte de las grandes empresas.

Yo, como cualquiera que lleve una PYME y trabaje para Administraciones Públicas, sé muy bien el problema que puede llegar a suponer el tema de los plazos y los retrasos en los pagos. Especialmente si la Administración te pide la factura con antelación, cosa muy habitual y comprensible. Lo que también es habitual pero no tan comprensible es que el retraso en el pago sea de más de 90 días, con lo que la pequeña empresa soporta un IVA que aún no ha cobrado de manera efectiva pero sí ha facturado. No es una broma: en empresas que trabajan encargos de altas sumas (instalaciones, mantenimiento…) puede significar un problema muy grave, y más de una ha cerrado, total o temporalmente, por ello.

En una época de falta de liquidez y en la que el flujo de dinero se ha ralentizado en las PYMEs, garantizar los pagos por parte de las Administraciones en plazos razonables no es ninguna tontería. No va a salvar la economía, pero es una de esas medidas que ayudan a engrasar y dar oxígeno.

La ley, si no me equivoco, ya dice que el pago no se puede retrasar más de 60 días. 30 días sería una bendición. Ahora falta que el hecho de incluir la medida en el pacto haga que cobre relevancia, y realmente se cumpla.

Esperemos que así sea.